La industria pesquera argentina atraviesa una parálisis que ya supera los 100 días y que golpea con fuerza a los trabajadores marítimos pesqueros, especialmente en la provincia de Corrientes, donde más de mil personas se ven directamente afectadas por la inactividad de los buques y la falta de respuestas oficiales. Así lo hizo saber el Secretario General de SICONARA Seccional Corrientes, Exequiel Viganotti, quien advirtió sobre la gravedad de la situación y reclamó acciones urgentes.
La crisis podría desembocar en una nula percepción de ingresos, ya que se trata de un sector en el que el salario depende exclusivamente de la actividad productiva. La paralización de la flota impacta de forma directa en el sustento de los trabajadores y sus familias, agudizando una emergencia social que requiere atención urgente.
Un sector paralizado por múltiples factores
Entre las principales causas de la inactividad, se enumeran el aumento exponencial de los costos internos —con el combustible como el insumo más crítico, representando más del 50% del costo operativo—, un tipo de cambio desfasado, y una presión fiscal considerada “asfixiante” por los actores del sector.
A esto se suma la falta de políticas nacionales activas para sostener una industria que ha generado históricamente más de US$ 2.000 millones anuales en exportaciones. “No se trata solo de números, sino del sustento de miles de familias y del impacto directo en economías regionales como la nuestra”, remarcó el dirigente correntino.
Rechazo a la flexibilización de convenios
Desde SICONARA también rechazaron los recientes planteos de sectores empresarios que proponen modificar los convenios colectivos del sector marítimo. “No se puede pretender ahora, en una coyuntura negativa, ajustar sobre los salarios cuando en años de bonanza no se distribuyeron las ganancias. Los convenios no son una variable de ajuste, son acuerdos legítimos que deben respetarse”, afirmaron.
Propuestas legislativas concretas
Frente a este panorama, los trabajadores nucleados en SICONARA proponen una serie de medidas legislativas para enfrentar la crisis sin sacrificar el ingreso del personal marítimo:
- Reducción del costo del combustible naval, reformando la Ley 26.028.
- Suspensión de derechos de exportación para productos pesqueros mientras dure la crisis.
- Exención del impuesto a las ganancias para trabajadores marítimos.
- Eliminación de aranceles a repuestos y equipos del sector pesquero.
- Cómputo total de contribuciones patronales como crédito fiscal, para aliviar a las empresas sin reducir salarios.
- Fomento al procesamiento local y valor agregado, incentivando el empleo en tierra.
- Sanción de una ley de fomento integral de la pesca nacional, consensuada con todos los actores del sector.
- Otorgar al sector pesquero la identidad de economía regional, para acceder a beneficios fiscales y estímulos
«No es aceptable que la rentabilidad se sostenga sobre la reducción del salario»
Finalmente, Viganotti fue contundente: “El Estado debe pasar de ser un mero recaudador a un actor comprometido con la producción y el trabajo. Se necesita decisión política y legislación concreta para evitar una catástrofe social”.
Y concluyó: “No es aceptable que la rentabilidad se sostenga sobre la reducción del salario. Los trabajadores del mar han sido responsables y pacientes. Ahora exigen justicia, soluciones estructurales y un plan de reactivación con horizonte de futuro”.
