El fiscal Pollicita pidió investigar las cuentas y propiedades del presidente de la AFA. Una denuncia lo acusa de multiplicar su fortuna un 1.000%.
En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue tomada en el Juzgado Federal N° 4 tras una denuncia que acusa al dirigente de haber aumentado su dinero de forma desmedida durante su etapa como funcionario en el CEAMSE, con el objetivo de levantar su secreto fiscal y bancario para reconstruir su verdadera situación económica.
La causa penal se originó a partir de una presentación realizada por Guillermo Tofoni. En el expediente, el denunciante señaló que Tapia habría logrado un crecimiento patrimonial injustificado del 1.000% en ocho años, puntualmente en el período comprendido entre 2016 y 2025.
Según los datos aportados a la Justicia, en 2017 el dirigente declaró cuatro propiedades de bajo valor y un solo vehículo. Sin embargo, para 2019 ya había sumado inmuebles millonarios en San Isidro, Caballito, Maschwitz y Campana. El texto también advierte que, en 2024, el mandamás del fútbol argentino admitió tener más de 1.002 millones de pesos en cuentas bancarias y más de 246 mil dólares, aunque el denunciante sostiene que sus sueldos no justifican esas enormes sumas, que las declaraciones «son falsas» y que incluso tendría bienes «no declarados«.
Para descubrir si hubo un delito, el fiscal Pollicita solicitó acceder a todas las declaraciones juradas del titular de la AFA. Además, pidió informes sobre sus sueldos al CEAMSE y a la Conmebol, institución donde ejerce como vicepresidente segundo.
Finalmente, la Justicia ordenó a Migraciones detallar todos sus viajes al exterior, le pidió al Banco Central un reporte completo de sus cuentas, tarjetas y operaciones bancarias, y le solicitó a la agencia recaudadora ARCA (ex AFIP) que entregue todo su historial económico y tributario. Los investigadores también buscarán rastrear si el dirigente compró criptomonedas o si realizó envíos de dinero a otros países.
