Las entidades empresarias buscan preservar el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas. El planteo incluye cambios en ejecuciones fiscales y medidas cautelares.
Las entidades representativas del sector empresario de Corrientes solicitaron a la Administración Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la implementación de medidas transitorias para facilitar la regularización de deudas fiscales y evitar que los embargos afecten la continuidad operativa de las MiPyMEs.
La iniciativa reúne a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes (AJEC), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), con la colaboración técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes.
Las entidades plantearon que las PyMEs enfrentan un elevado costo del financiamiento comercial y bancario tradicional. Ante las dificultades para acceder a créditos a tasas viables, muchas empresas dependen del movimiento de sus cuentas corrientes, de los descubiertos autorizados y del descuento de cheques de pago diferido.
La aplicación inmediata de embargos por deudas impositivas puede inmovilizar esos fondos y afectar el capital de trabajo necesario para sostener la actividad. Entre las consecuencias sobresalen dificultades para pagar salarios, aportes de la seguridad social, servicios esenciales e insumos de proveedores.
También puede producirse el rechazo de cheques diferidos por falta de fondos, con el riesgo de generar nuevos incumplimientos y profundizar el deterioro financiero.
Frente a esta situación, se planteó una suspensión de 90 días para nuevas ejecuciones fiscales y medidas cautelares sobre MiPyMEs que manifiesten formalmente su voluntad de regularizar sus obligaciones.
También se solicitó establecer una instancia previa de notificación y regularización antes de avanzar con un embargo bancario.
La medida permitiría que los contribuyentes puedan adherir a los planes de pago vigentes antes de que se inmovilicen los fondos destinados al funcionamiento de las empresas.
Otro de los pedidos es la ampliación de los planes de facilidades de pago para deudas bajo ejecución judicial o con embargos ya trabados.
Para las micro y pequeñas empresas se plantea un mínimo de 48 cuotas, mientras que para las medianas empresas se solicitan al menos 36.
Además, se propone aplicar tasas de financiación compatibles con la capacidad de generación de fondos del sector PyME.
El acceso a estos planes tampoco debería quedar condicionado por el Scoring SIPER, según el planteo empresario.
A su vez, se busca contemplar la condición PyME cuando una empresa no tenga vigente su certificado, con la posibilidad de obtenerlo dentro de un plazo prudencial.
Otro de los puntos está vinculado con el levantamiento de los embargos. Se solicita que las medidas cautelares puedan levantarse de manera inmediata o mediante un trámite simplificado una vez perfeccionada la adhesión al plan de facilidades de pago.
Se propuso conformar una mesa técnica permanente con representantes de ARCA, las entidades empresarias de Corrientes y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
El espacio tendría como objetivo analizar casos de extrema vulnerabilidad operativa, evaluar la viabilidad de los contribuyentes afectados y unificar criterios de aplicación.
