Justificado en que todavía no se cuenta con la estructura adecuada ni con las condiciones de seguridad convenientes, el Poder Ejecutivo vetó la implementación de la modalidad de trabajo remoto o home office laboral en la Administración pública de la provincia de Corrientes.
La Ley N° 6.740 incorporó el artículo 59 bis a la Ley N° 4.067, por medio del cual se facultó a los titulares de los organismos a disponer, mediante resolución o decisión fundada y previo acuerdo con el agente, la modalidad de trabajo remoto, dispensándolo de prestar servicio de manera presencial.
La ley fue sancionada a finales de noviembre último, pero fue vetada de manera reciente con el Decreto N°42, firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés y publicado en el Boletín Oficial.
Según los fundamentos del veto, «el Poder Ejecutivo de la Provincia viene desarrollando planes y proyectos de modernización de la actividad administrativa con la finalidad de adecuar la estructura, organización y funciones de la Administración pública a los criterios de racionalidad, eficiencia y modernización del Estado que los tiempos actuales exigen», según señalaron.
