Constanza Larrán, rehabilitadora y familiar de una niña con discapacidad, denuncia el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que deja a miles sin atención por la falta de aumento en los presupuestos.
- *Veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad:* El veto presidencial a la ley de emergencia genera una crisis en la atención a personas con discapacidad en Argentina.
- *Falta de Aumentos Presupuestarios:* El sector de la discapacidad no ha recibido un aumento significativo (solo 1.8% entre octubre y diciembre de 2024) mientras los costos de vida se han disparado.
- *Consecuencias del Veto:* La falta de fondos está llevando al cierre de servicios, dificultando la contratación de profesionales (maestras integradoras, etc.) y dejando a muchas personas sin atención.
- *Cuestión de Derechos Humanos:* El veto se considera una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, garantizados por convenciones internacionales.
- *Apoliticismo de la Lucha:* Si bien la situación se instrumentaliza políticamente, la lucha se centra en el respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad.
Larrán explica la grave situación que atraviesa el sector, con un aumento irrisorio del 1.8% en los presupuestos durante el último trimestre de 2024, mientras la inflación afecta drásticamente los costos de vida.
Esta situación está provocando el cierre de servicios y la imposibilidad de contratar profesionales capacitados para la atención de personas con discapacidad. La falta de recursos económicos se traduce en una crisis humanitaria, ya que los prestadores de servicios no pueden sostener sus actividades, y las familias se ven sobrecargadas.
Se enfatiza que no se está pidiendo nada extraordinario, sino simplemente el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos ya establecidos.
Finalmente, Larrán hace un llamado a los legisladores a votar a favor de la ley, apelando a la responsabilidad que tienen con la población que los eligió.
El mensaje central es la urgencia de revertir el veto y garantizar la atención adecuada a las personas con discapacidad en Argentina.
