El Presidente del STJ, Dr. Eduardo Rey Vázquez, discute el presupuesto 2027 enviado a la legislatura provincial y la implementación del «Narcomodo», además de reconocer la importancia de la donación de órganos.
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia comienza agradeciendo el reconocimiento a las instituciones involucradas en la concientización sobre la donación de órganos, resaltando el trabajo de Cucaicor y los distintos niveles del gobierno provincial.
Posteriormente, el foco se traslada al presupuesto 2027 que el Poder Judicial de Corrientes ha enviado a la legislatura provincial. Explica que el presupuesto es un cálculo estimativo de las necesidades para el próximo año, incluyendo gastos de funcionamiento, la continuidad de obras en ejecución y la entrada en vigor de nuevas normas. Subraya la importancia de su aprobación para el funcionamiento adecuado del poder judicial.
En cuanto a la diferencia con el presupuesto del año anterior, menciona que se mantiene en un número razonable, acorde a la inflación anual. Destaca que la planta de personal se mantiene similar, y que se continúa con obras en inmuebles propios y el desarrollo de sistemas informáticos, cruciales para la operatividad de los códigos procesales. Reconoce que, aunque los refuerzos han ayudado, el presupuesto final aprobado suele ser menor a lo proyectado.
El presidente anticipa que buscará contacto con legisladores y senadores provinciales para expresar las inquietudes del poder judicial durante el tratamiento del proyecto. Detalla que el presupuesto divide los ejes en gastos corrientes, obras de infraestructura e inversión en tecnología. Enfatiza que los cambios introducidos en los últimos años, como la entrada en vigencia de nuevos códigos procesales, la creación de oficinas judiciales y el mayor protagonismo del Ministerio Público, han influido en la estructura del presupuesto.
Finalmente, se aborda el tema del «Narcomodo», cuya implementación está pendiente de reglamentación y coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Señala que el Poder Judicial está dispuesto a aplicar las normas, incluyendo el «Narcomodo», pero considera ideal articular los distintos poderes para asegurar una implementación efectiva. Menciona que representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público ya han expresado sus pareceres a los legisladores sobre este tema.
