La Cámara de Apelaciones del Trabajo dejó firme la sentencia de primera instancia de la jueza Juliana y convalidó sus argumentos en sintonía con la postura de la CGT. declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del decreto de 340 que reglamentó el derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.
