Los 240 trabajadores despedidos por el cierre de la textil Alal de Goya reclaman que los empresarios se hagan cargo y les paguen la indemnización completa. El reclamo se hizo visible ayer por la mañana con una protesta frente a la planta fabril que permanecía cerrada.
De acuerdo a lo que narraron los trabajadores que se reunieron frente al establecimiento la firma formalizó el envío de los telegramas de despido, sin preaviso, lo que habilita el reclamo por el pago completo de las compensaciones por la pérdida intempestiva del puesto laboral.
Los despidos afectan a la planta goyana y la que la firma tiene en la localidad chaqueña de Villa Ángela.
Silvio Ortiz, obrero despedido tras 31 años de servicios en la empresa, relató que parte del personal continuó asistiendo a la planta con jornadas reducidas y modificaciones en los turnos habituales, sin información concreta sobre el futuro laboral. «Ingresé a trabajar con jornada de cuatro horas y después nos indicaron que tomáramos el franco correspondiente, todo sin explicaciones», señaló.
Según su testimonio, en esos días la empresa solicitó los domicilios particulares del personal. «Nos pedían las direcciones y no sabíamos para qué era», indicó Ortiz. La situación se aclaró el lunes siguiente, cuando comenzaron a llegar las cartas documento. «El primero que recibió fue un portero y después nos dimos cuenta de que había cartas para todos», expresó.
De acuerdo con lo manifestado durante la cobertura, cerca de 200 trabajadores resultaron despedidos en la planta de Goya. El trabajador describió el impacto del anuncio en el personal. «Acá dejamos vida y trabajo de muchos años. La noticia cayó de golpe y fue muy dura para todos», afirmó.
El reclamo central apunta al pago completo de la indemnización establecida en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El exempleado sostuvo que no existió preaviso. «Queremos la indemnización total, porque no hubo aviso previo y todo llegó de sorpresa», manifestó.
Los trabajadores también plantearon preocupación por las consecuencias económicas en la ciudad. «Esto no nos afecta solo a nosotros, también a los comercios y a quienes proveían a la empresa», sostuvo Ortiz. La protesta se mantuvo de manera pacífica, mientras el conflicto continúa en instancias administrativas y judiciales.
El impacto del cierre de la textil Emilio Alal escaló al plano legislativo, donde diputados nacionales del PJ presentaron un proyecto de resolución para expresar el rechazo a la decisión empresarial y advertir sobre sus consecuencias sociales y productivas. Los legisladores Nancy Sand, Raúl Hadad y Christian Zulli sostuvieron que no se trata de un caso aislado, sino de una señal del proceso de desindustrialización que atraviesa el país, agravado según plantearon por la apertura de importaciones y la ausencia de políticas activas para las PYME.
En paralelo, la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) manifestó su «profunda preocupación» y alertó sobre el efecto multiplicador negativo en la economía regional. Si bien respaldó reformas laborales y tributarias, fue crítica de la liberalización comercial sin resguardos y reclamó una intervención estatal que preserve el empleo y la actividad productiva.
